Un error de cálculo

Leo un editorial del diario El País del día de hoy titulado: Embocaron una. ¿Quiénes? Obviamente la gente del gobierno con la que el diario no está habitualmente de acuerdo.

Lo gracioso de todo esto es que, justo en este momento, el diario se equivoca. Me gustaría saber quién escribe el editorial (que no está firmado). Descarto que sea Aguirre, porque él no estaría tan equivocado en el marco jurídico constitucional (quiero creer).

Se señalan, entre otras cosas:

"Vamos a hacer regir en todos sus términos la legislación vigente" dijo la ministra del Interior, a guisa de justificación de la decisión prohibitiva, lo que supone que antes no se la hizo cumplir, pues dos proposiciones antinómicas no pueden valer simultáneamente.

Lo que no es necesariamente cierto. Que yo diga “Este martes tengo clases en la facultad” no implica que no haya tenido todos los martes anteriores hasta este momento. La estupidez del que escribe sin pensar, y sólo buscando criticar.

¿Vienen los piqueteros a observar nuestras leyes y sin ánimo de perjudicar a terceros? Parece evidente que la segunda exigencia requerida para su ingreso no la cumplen. Vienen -a esta altura, vendrían- a intentar presionar a nuestro gobierno, a fin de que éste adopte una decisión obvia y gravemente perjudicial para cientos de trabajadores uruguayos, para toda la población de Fray Bentos, para la empresa finlandesa y, de rebote, para nuestro país en su conjunto: la de que la planta de Botnia no entre en funcionamiento.

Es un tema de punto de vista. El ánimo de ellos no es perjudicar al país. Equivocados, como están, no es ese el punto de la manifestación.

...estos activistas financiados por gente a quien le importa un comino el medio ambiente, en razón de su extranjería no son titulares de la libertad de reunión en nuestro país. Y tampoco adquieren la misma mediante el arbitrio de ingresar fugazmente a nuestro territorio en son de airada protesta.

Se equivoca. Es inadmisible pensar que quienes no viven habitualmente en el país, no son titulares de los mismos Derechos Humanos que los que podríamos llamar habitantes en sentido estricto. Deberíamos, ya sea por una interpretación amplia de la expresión “habitantes” o, “por vía del art. 72 reconocerles los mismos en forma inmediata” (Martín Risso, Der. Constitucional Tomo III).

Se ha dicho, con miopía, que el gobierno "apelará a una ley del siglo XIX, que regula las reuniones en lugares públicos". Dicha ley, obra de Carlos María Ramírez, data de 1897. ¿Y qué? Si las leyes desmerecieran por su vejez, como parece sugerirlo tal comentario periodístico, debiéramos archivar el Código Civil, que es la principal de todas nuestras más de dieciocho mil leyes, -y la más aplicada-, so pretexto de que entró en vigor el 1° de enero de 1869.

El problema no es qué tan viejo es el artículo. El problema es que la Constitución que consagra el derecho de reunión es posterior, por lo que todo lo contrario a ésta, está derogado tácitamente.

La ley referida, se ha alegado, no exige autorización para reuniones públicas y en lugares abiertos. Basta con el aviso previo a la autoridad policial. Y también se ha desempolvado el art. 38 de la Carta: "Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas", derecho que sólo la ley puede limitar "en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden público". ¿Los piqueteros vienen en son de paz o a perturbar nuestra seguridad y nuestro orden público? Además, ¿a quiénes amparan la Constitución y la ley de 1897? A "los habitantes de la República", según reza el art. 7 de la Carta.

Son habitantes de la República y empresas que están radicadas en nuestro país.

Ese derecho no lo tienen estos provocadores, como ha terminado por advertirlo nuestro lento y timorato gobierno.

Nótese que no se desmiente la primera parte de la afirmación, o sea que no se necesita autorización. Así como no se necesita autorización para instalar la planta sobre el río Uruguay (basta sólo con avisar previamente).

La segunda parte está equivocada, como dijimos. Los derechos humanos los tienen todos los que están en suelo uruguayo. Nos guste o no.

Podemos no estar de acuerdo con quienes protestan. Podemos no estar de acuerdo con sus razones (o la falta de ellas) y su lógica que se derrumba como castillo de naipes ante la realidad.

Pero la verdad es que el derecho de reunión no está hecho para cuando yo estoy de acuerdo con los que protestan: está hecho para cuando no estoy de acuerdo.

No me gusta que esa manga de patoteritos ignorantes e infames vengan a protestar acá, mucho menos cuando ilegítimamente han causado graves perjuicios a un montón de gente, sin que su gobierno se atreva a hacer cumplir la ley. Me molesta soberanamente, y por un lado me encantaría que los saquen a patadas. Pero la verdad es que tengo que bancármelos acá. Porque es su derecho, a pesar que ellos se olviden de los de los demás.

Quizás la gente del diario esté acostumbrada a ponerse del lado de quienes coartan libertades (como lo ha demostrado la historia). Pero ponerlo en una editorial de un diario importante, es un poco triste.